Comunicado de Prensa

7 de Marzo, 2006

Presidente Vicente Fox

Congreso de la Unión
Gobernador del Estado de Chihuahua
Congreso del Estado de Chihuahua

Gobernador del Estado de Chiapas

Congreso del Estado de Chiapas
Gobernador del Estado de Puebla

Congreso del Estado de Puebla

Los periodistas  firmantes de la Declaración contra la Violencia a Periodistas y por la Plena Libertad de Expresión en México, y adherentes a la Campaña Ni Uno Más, externamos nuestra protesta y preocupación por la ola de demandas por difamación y las amenazas de demanda que están siendo utilizadas como una estrategia para intimidar a periodistas y medios de comunicación.

La activista de los derechos humanos y periodista Lydia Cacho fue detenida por el presunto delito de difamación en contra de un empresario, quien utilizó sus influencias con el gobernador de Puebla para agilizar y castigar excesivamente a la periodista, quien se encuentra libre bajo fianza.

En Chiapas, el periodista del diario Cuarto Poder, Ángel Mario Ksheratto, fue detenido por una decena de policías en febrero pasado por no acudir a firmar el libro de procesados, ya que se encuentra libre bajo fianza, acusado de difamar a una ex funcionaria.

En el caso más reciente, la columnista Isabel Arvide fue sentenciada por  el juez penal Octavio Armando  Rodríguez a reparar el daño moral con doscientos mil pesos y a un año de prisión, por haber presuntamente difamado al ex Procurador del Estado de Chihuahua, José Jesús Solís Silva.

Demandamos que la ley no sea utilizada por el poder político como una represalia y que las autoridades competentes aprueben los cambios legales para que los delitos de honor sean de competencia civil y no penal.

Reiteramos que las autoridades mexicanas que utilizan las leyes penales para castigar los delitos contra el honor violan un principio fundamental de la Declaración sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que tales delitos deben ser de carácter civil.  

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